En un esfuerzo por fortalecer la rendición de cuentas y promover la integridad en el servicio público, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (COEPRISS), el Órgano Interno de Control y Evaluación de la Secretaría de Salud, los Servicios de Salud de Sinaloa y el Laboratorio Estatal han puesto en marcha la Estrategia Nacional de Buen Gobierno en el Sistema Federal Sanitario. Este plan tiene como objetivo principal implementar mecanismos de coordinación en materia de difusión, capacitación, supervisión y vinculación. Estas acciones están orientadas a fortalecer la rendición de cuentas, prevenir actos discrecionales y/o de corrupción, y asegurar la correcta ejecución de los procesos de regulación, control y fomento sanitario.
En un esfuerzo por fortalecer la rendición de cuentas y promover la integridad en el servicio público, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (COEPRISS), el Órgano Interno de Control y Evaluación de la Secretaría de Salud, los Servicios de Salud de Sinaloa y el Laboratorio Estatal han puesto en marcha la Estrategia Nacional de Buen Gobierno en el Sistema Federal Sanitario.
La estrategia busca garantizar la transparencia y la eficiencia en el manejo de los recursos y servicios sanitarios, brindando certeza a la ciudadanía sobre la adecuada gestión del sector. Con ello, se refuerza la confianza en las instituciones encargadas de la salud pública y se promueve un ambiente de trabajo basado en la ética y la legalidad. Las autoridades involucradas subrayaron la importancia de la supervisión continua y la capacitación del personal como pilares fundamentales para el éxito de esta iniciativa. Asimismo, señalaron que la vinculación con otros organismos y sectores permitirá fortalecer los mecanismos de control y fomentar una cultura de integridad en el ámbito sanitario.
Con esta estrategia, el estado de Sinaloa reafirma su compromiso con el buen gobierno y la transparencia en la gestión de los servicios de salud, asegurando que los procesos de regulación y control se realicen conforme a los principios de legalidad, eficiencia y responsabilidad social.
